domingo, 21 de octubre de 2018

Una década de miles de aves electrocutadas con total impunidad



Lucía Villa

Diez años después de que se aprobara una normativa que obligaba a reparar los postes eléctricos peligrosos para las aves, apenas se le ha dado cumplimiento.

 Un ave muerta en un tendido eléctrico. SOS Tendidos Eléctricos
  Un ave muerta en un tendido eléctrico. SOS Tendidos Eléctricos

En España, decenas de miles de aves mueren cada año en tendidos eléctricos que las compañías mantienen en mal estado. Algunas colisionan con sus cables, poco visibles, y caen; otras directamente se electrocutan al rozarlos o al posarse para anidar. Así se estima que han muerto en los últimos 15 años, por ejemplo, 200 águilas imperiales , más del doble de las que mueren por envenenamiento o disparos de los cazadores. También 250 águilas perdiceras se han perdido en una década y 2500 milanos reales en 30 años. Todas son especies en peligro de extinción.
El problema es tan grave que el Libro Rojo de las Aves de España apunta a la electrocución como la primera amenaza para 24 especies de aves con presencia en nuestro país. Son muertes que se podrían haber evitado , porque un real decreto aprobado en 2008 obligó a las comunidades autónomas a identificar los postes peligrosos y a las empresas eléctricas a elaborar proyectos de reparación, aunque el coste corría a cargo del Estado. Pero una década después, y una crisis económica de por medio, apenas se ha avanzado nada.  
“Ha sido fallida. Cada vez hay más tendidos y la mortalidad, en lugar de bajar, va subiendo de forma exponencial”, dice a Público Nicolás López, responsable del programa de especies amenazadas de Seo/Birdlife y miembro de la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos que desde 2016 integran nueve organizaciones. En una carta enviada esta semana a Teresa Ribera, el colectivo ha solicitado a la ministra “mayor implicación” y una modificación “urgente” de la normativa.
Según la única cuantificación oficial que existe sobre las electrocuciones de aves —publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica a principios de este año— el problema afecta a unas33.000 rapaces al año y supone una pérdida de biodiversidad valorada en 141 millones de euros anuales . Pero el estudio no incluye otro tipo de aves , ni tampoco las muertes por colisión. Además, sólo pudo recopilar los datos de 11 comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco no aportaron información) que reportaron únicamente los casos de rapaces que fueron trasladadas hasta los centros de recuperación. La Sociedad Española de Ornitología cree que la mortalidad estimada representa sólo el 15% de la real.
“Otros estudios recientes estiman en ocho las aves muertas por kilómetro de tendido al mes, así que calcula que en un tendido medio, que tiene unos 60 kilómetros, pueden morir unas 5.800 aves al año”, dice López.
Lo cierto es que la falta de cifras es parte del problema. El informe del Ministerio calcula que son 240.000 los postes obsoletos y peligrosos en el país , pero tampoco se sabe con certeza. El real decreto de 2008 daba a las comunidades autónomas un año de plazo para localizar los postes de mayor riesgo dentro de las Zonas de Protección de Avifauna de su región, pero a día de hoy sólo nueve han publicado los inventarios. Y muy pocas se han reparado. Las compañías tenían a su vez un año más para presentar los proyectos de reparación, pero muchas se agarraron a la falta de financiación para hacerlo.
“El real decreto supeditó la corrección de los tendidos a la existencia de fondos públicos, pero son las compañías eléctricas las que deberían asumir ese coste. La Ley de Responsabilidad Medioambiental obliga a las empresas a reparar y a sufragar los costes de los daños ambientales derivados de su actividad, pero a las eléctricas no se les exige nada. Ninguna otra instalación industrial tiene tanta impunidad”, dice López, que también considera necesario que se reparen todos los postes, y no sólo los que están dentro de las Zonas de Protección de Avifauna.
En marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha condenó a Iberdrola al pago de una multa de 141.921 euros por la electrocución de un águila imperial ibérica en un tendido peligroso que la compañía debía haber reparado hace años. Fue una sentencia pionera y que abría la puerta a que otras comunidades autónomas, como la manchega, comenzaran a reclamar a las empresas propietarias su responsabilidad, independientemente de la existencia de fondos públicos, pero casi ninguna lo ha hecho. No obstante, después del fallo Iberdrola anunció un plan para adaptar 200.000 tendidos eléctricos hasta 2025 .
Según el mapa de postes peligrosos elaborado por la Plataforma SOS Tendidos Eléctricos, en España hay unos 136 tendidos que, después de ser denunciados, sí han sido corregidos y aislados contra las electrocuciones.
“La ventaja de este problema es que se conocen hace muchísimos años diseños estructurales y tipos de aislamientos que son seguros . Para las colisiones hay diseños que reducen el impacto hasta en un 60%. Hay que obligar a que se implanten y si no, sancionar a las compañías eléctricas”, sentencia López.



@Luchiva
Fuente: https://www.publico.es/sociedad/medio-ambiente-decada-miles-aves-electrocutadas-total-impunidad.html




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jueves, 18 de octubre de 2018

El precio del progreso

Entrevista a la investigadora Ana María Vara sobre el avance de la ciencia y sus consecuencias ambientales


Pablo Esteban
Página 12



Ana María Vara es docente-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. 
Imagen: Sandra Cartasso

Las controversias involucran un polo poderoso, representado en los grupos privados que sólo persiguen el lucro y, también, un polo más débil, encarnado en los grupos sociales desfavorecidos que buscan proteger sus recursos naturales y su salud. ¿Para dónde patean los científicos?  
Mirar a la ciencia por la cerradura de la política permite, entre otras cosas, comprender por qué el –bien ponderado– “progreso” no siempre implica mejorar la calidad de vida de las personas. La llamada Conquista al desierto pero, también, la megaminería y la incorporación de los agrotóxicos a la vida rural responden a un modelo productivista nacional –con tramas históricas– que debe problematizarse. La sociedad quiere el progreso pero: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿El del genocidio de los pueblos originarios, el del agua y su derroche incontrolable, el del glifosato y sus efectos devastadores? Por supuesto que no. Envilecidos bajo el reflector del relato celebratorio y espectacular de la ciencia, nos volvemos incapaces de desmenuzar un escenario plagado de tensiones y poder. Ana María Vara, docente-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, define qué es el “no-conocimiento”, devela el rol que juegan las corporaciones en las controversias ambientales y explica en qué consiste su perspectiva latinoamericanista.


–¿Qué es el no-conocimiento y por qué es tan importante para el avance de las ciencias?
–En épocas recientes, en el marco de la sociología, se le ha otorgado un lugar preponderante al no-conocimiento, concepto cuya emergencia estuvo vinculada al ambientalismo. Implica una perspectiva que propone un punto de quiebre al reflexionar sobre la ciencia pero de manera crítica. Sin ir tan lejos, son los éxitos científicos y tecnológicos los que han provocado transformaciones de una magnitud tal que, a lo largo de la historia, nos han colocado frente a consecuencias imprevisibles e imprevistas. Por ejemplo, era imposible prever que la emisión del dióxido de carbono, un gas imprescindible para la fotosíntesis y la vida y emitido localmente, causara el cambio climático que, actualmente, impacta a nivel global. De este modo, cada vez que se produce conocimiento se produce no conocimiento; de la misma manera que, con cada respuesta, surge una multiplicidad de nuevas preguntas.


–Son las grandes industrias las que utilizan esa producción de no conocimiento en su favor, para protegerse de acusaciones e incrementar sus márgenes de ganancias.
–Por supuesto, las reacciones feroces de la industria tabacalera ante los primeros indicios que señalaban que fumar producía cáncer de pulmón son ilustrativos al respecto. Para 1950 ya existían estudios epidemiológicos serios que exhibían esta relación causal y, en efecto, las grandes empresas se concentraban en desviar la atención del público. ¿Cómo? A través de la generación de no-conocimiento y del empleo de artimañas muy hábiles de divulgación científica. Así, se publicaban estudios con el deliberado propósito de confundir; de aquí el concepto de agnotología como “la ciencia del no-conocimiento”. Algo similar puede señalarse de la industria petrolera respecto al cambio climático, la megaminería, o bien, de las corporaciones productoras de agroquímicos y las consecuencias en la salud de la población.


–En este sentido, ¿de qué manera se vincula el no conocimiento con el concepto de controversia que usted también investiga?
–Las controversias son situaciones en que los distintos grupos no se ponen de acuerdo respecto a un conflicto de implicancias sociales, por caso, a la conveniencia o no respecto de la implementación de una nueva tecnología. Frente a ello, las respuestas del sentido común invariablemente se orientan en el sentido de: “La ciencia resolverá el conflicto”; “Los que se oponen a las pasteras no quieren el beneficio del país”; o bien, “Aquellos que critican el empleo indiscriminado de agrotóxicos se oponen al desarrollo tecnológico y no entienden nada”.


–El problema es de enfoque: la ciencia no está por fuera de las controversias sino que participa directamente.
–Exacto. Además, hay una situación clave: cuando nos encontramos frente a una controversia, la mayor parte del conocimiento necesario es producido por el polo promotor, es decir, por los actores interesados en fomentar tal o cual tecnología. Si pensamos en la soja transgénica y el glifosato, por ejemplo, dentro del eje que fomenta su uso se encontrarán los grupos transnacionales de semilleras y agroquímicos, con Monsanto como emblema, un sector del gobierno nacional, a través de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cuenta con un mandato productivista y promueve la incorporación de transgénicos, áreas del periodismo agropecuario y cámaras vinculadas al sector, y también, actores rurales locales que buscan aumentar su productividad y no reciben subsidios. Como es tan heterogéneo este grupo, vale la pena que intentemos comprender sus lógicas de pensamiento.


–Se trata de un polo promotor que tiene el capital y la capacidad de producir conocimiento.
–Correcto. De este modo, los dos polos de la controversia no se hallan en una posición simétrica. Las personas que se ven afectadas por la fumigación del glifosato tienen que realizar un enorme esfuerzo para conseguir que sectores del complejo científico los ayuden a confirmar todo lo que el químico produce: malformaciones, cáncer y otras enfermedades. Por eso resulta tan fundamental que la esfera pública, a partir del periodismo científico y la comunicación pública de la ciencia, pueda estar al tanto de esta situación. El caso de Andrés Carrasco fue emblemático pero no es el único, pues también existen redes de conocimiento que se tejieron desde la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar el impacto negativo del glifosato en la salud y el ambiente.


–En el capitalismo quien tiene el dinero cuenta con la libertad de utilizarlo a su antojo.
–Esa situación inclina la cancha. Además, en las democracias occidentales tal cual las conocemos, existe un sesgo muy palpable, casi un mandato, que lleva a los gobiernos a responder primero, y a veces únicamente, a las necesidades de las elites.


–Sin embargo, ¿cuál es el precio del progreso?
–Esa es la pregunta que la comunidad científica necesita realizarse. Lo que le falta a muchos científicos es la toma de conciencia política respecto de las funciones sociales que deben desempeñar, más allá de las pautas que el sistema impone. Volviendo al ejemplo, la actitud de Carrasco al compartir su investigación en el diario, incluso, antes de publicarla en cualquier revista científica tiene que ver con una decisión ética perfectamente meditada. Sabía que se exponía pero tenía la conciencia tranquila de haber realizado un buen trabajo y confiaba en que los resultados a los que había arribado debían comunicarse lo antes posible. Como asunto fundamental, vale destacar que no era ningún improvisado sino que era un investigador que se había desempeñado como presidente del propio Conicet y que en ese momento (2009, cuando se puso en contacto con el periodista Darío Aranda para divulgar sus experimentos) asesoraba al Ministerio de Defensa.


–Pero Carrasco pertenecía al sistema, así que no podemos decir que absolutamente todos los científicos están desenganchados de las preocupaciones sociales.
–Eso es cierto, hay muchos investigadores, sobre todo jóvenes, que ponen su talento al servicio de mejorar la vida de los grupos más desfavorecidos. Además, por otra parte, no podemos esperar que todos los científicos sean expertos en política científica, pero sí tienen el derecho y la obligación fundamental de participar de los debates públicos vinculados a la sociedad de la que forman parte.


–Por último, sus producciones son construidas desde una perspectiva “latinoamericana y latinoamericanista”. ¿Qué implica ello?
–Ese enfoque puede aplicarse, por ejemplo, al conflicto de las pasteras que emergió allá por 2005. Los primeros que comenzaron a movilizarse fueron colectivos uruguayos que, tras reconocer el problema de contaminación y al advertir que su gobierno no respondía a la demanda, fueron en busca de apoyo de los activistas argentinos. Para que esa colaboración se sostuviera en el tiempo, en momentos en que la controversia se presentaba en los medios como un conflicto binacional, con un Uruguay “productivista” y una Argentina “ambientalista”, era fundamental la construcción de un discurso latinoamericanista con reminiscencias en el querido Galeano y sus venas abiertas. Eso me permitió, en el marco de la investigación, dejar de comprender el problema como una disputa entre naciones vecinas para comenzar a interpretarlo como un problema de la región.



–¿A qué se refiere?
–El conflicto dejaba entrever cómo América Latina se ubicaba, una vez más, como una víctima del intento de despojo perpetrado por naciones desarrolladas, instrumentalizado a partir del traslado de una industria contaminante a la región. En la actualidad, sin ir más lejos, tenemos un modelo de desarrollo que depende de la llegada de capitales extranjeros como componente central. Y eso, sin dudas, nos coloca en una situación de debilidad estructural.



Ana María Vara es docente-investigadora de la Universidad Nacional de San Martín.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/149260-el-precio-del-progreso



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