martes, 21 de mayo de 2024

Catástrofes climáticas y ecomunitarismo: reflexiones iniciales


A principios de mayo de 2024, tras intensas lluvias, estamos viviendo en Rio Grande do Sul (RS), el Estado más sureño de Brasil, la peor inundación ocurrida desde 1941. Muchas casas fueron arrasadas y las calles de muchas poblaciones se han convertido en ríos y sus plazas en lagos. Hasta ahora dos millones de personas se han visto directamente afectadas (el Estado de RS tiene algo más de 11 millones de habitantes), y muchas más lo han sido indirectamente a causa de la falta de luz eléctrica y/o agua potable, la destrucción de puentes, el corte de decenas de carreteras y caminos, y/o los deslizamientos de tierras provocados por el agua;  medio millón de personas tuvieron que abandonar sus casas destruidas o dañadas, de las cuales 81.000 fueron acogidas en abrigos colectivos  (y unos 10.000 animales también han sido rescatados); una parte de Porto Alegre ( la capital del Estado) y su región adyacente, está inundada. Hasta el momento en el que escribo estas líneas se contabilizan  143 personas muertas y 132 desparecidas.

Haciendo frente a tal devastación, en una impresionante demostración de solidaridad, una legión de miles de voluntari@s (algun@s venid@s de fuera del Estado) se sacrifican a cada hora para rescatar a los aislados, alojar y alimentar a los desalojados (sin olvidarse de sus animales domésticos). Ell@s multiplican por mil el socorro que las corporaciones de Bomberos, la Defensa Civil, militares y policías están prestando a los damnificados. Miles de toneladas de alimentos, ropas y otros productos han sido donados  por la ciudadanía (incluso de fuera del Estado de RS) para ayudar a los damnificados. El Gobierno federal presidido por Lula ha prometido 50 mil millones de Reales (unos 10 mil millones de dólares) para auxiliar al Estado de RS y ayudar en su reconstrucción.

Eldorado do Sul fue una de las ciudades afectadas por las inundaciones en Rio Grande do Sul; imagen tomada el 14 de mayo de 2024 . Créditos: Gustavo Mansur/Secom, tomada del Governo de Rio Grande do Sul

Cuando se empieza a indagar sobre las causas de esta catástrofe, algunos datos indican que no estamos frente a un fenómeno puramente «natural», sino también provocado por efectos de la actuación humana, en el contexto del capitalismo.


«No estamos frente a un fenómeno puramente ‘natural’, sino también provocado por efectos de la actuación humana»


Así algunas organizaciones ambientalistas han subrayado que el actual Gobernador del Estado de RS, poco después de asumir su primer mandato en 2019, flexibilizó diversos aspectos de la legislación ambiental, y que tales decisiones pueden haber contribuido a la actual tragedia. Se señala que ese Gobernador, alineado con la concepción del anterior Presidente del país (Jair Bolsonaro) consideró que dicha legislación obstaculizaba los negocios y necesitaba ser «modernizada». Y con esa visión cambió el procedimiento de la Licencia Ambiental que antes cualquier proyecto de construcción-producción debía obtener después de varios estudios de impacto ambiental, habilitando a los empresarios a emitir ellos mismos esa Licencia por vía digital, sin ningún estudio ambiental previo. Y también eliminó los items referentes al cuidado de las florestas nativas (hoy queda solo un 7% de la costera Mata Atlántica) y del bioma «pampa» (predominante en el Estado pero hoy reducido a la mitad de su tamaño original a causa de la pecuaria y los grandes monocultivos), y quitó la prohibición de practicar la deforestación de varias especies de árboles nativas, todo lo cual habría disminuido la capacidad del suelo para retener el agua de las lluvias, facilitando la creciente de los cursos de agua y los deslizamientos de tierras. Igualmente, a principios de 2024 ese Gobernador flexibilizó la ley que trataba de la construcción de represas y reservatorios en áreas protegidas, lo que pudiera haber también facilitado la ocurrencia de un evento extremo como el que está viviendo RS.

Luiz Marques, docente de la Escola de Ciência del Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), en Campinas (São Paulo), señala que, con poca vegetación nativa, aumenta la erosión y disminuye la capacidad del suelo de RS para almacenar el agua de la lluvia; y como resultado de ello, el agua fluye más rápidamente hacia los ríos durante las tempestades intensas, aumentando el riesgo de inundaciones. Y concluye que si el plantío de árboles nativas no evitaría totalmente el riesgo de una gran inundación, la misma ocurriría a cada 300 años, y no como ha sucedido ahora, cuando en la región serrana de RS ha habido tres serias inundaciones en tan solo en un año.

De ese análisis debemos retener ya un dato: sin dejar de tener que adaptarse a cambios climáticos que pudieran ser en parte incontrolables por los humanos, queda claro que (y no solo para el caso aquí tratado) el plantío masivo de árboles nativas es una medida de resistencia que está al alcance de los humanos para minimizar el riesgo de inundaciones catastróficas.

Ahora, algunos especialistas tiene una visión aun más amplia y sistémica, e intentando abarcar el conjunto de los factores que pueden incidir en el régimen de lluvias del Estado de RS, que también depende de corrientes de aire venidas desde el lejano Amazonas (distante de miles de kilómetros), señalan que lo que hoy se vive en el extremo sur de Brasil puede estar vinculado a la creciente deforestación de la selva amazónica.

Así Luciana Gatti, investigadora sobre cambios climáticos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), explica que los árboles de la Amazonia actúan como «climatizadores». Y destacó que la deforestación de la región, que ya eliminó el  20% del bioma original, compromete el proceso de regulación climática y provoca cambios en el patrón de lluvias en regiones distantes, que intercambian humedad con la selva a través de la atmósfera.

Sin incursionar en el abanico de las diversas posibles causas de la actual megainundación en RS, Marcelo Dutra da Silva, profesor de Ecología en  la Universidad en la que me jubilé en 2019 (la Universidade Federal do Rio Grande, FURG, que es la Universidad pública federal más austral del Brasil), indicó el 9 de mayo de 2024 que la misma puede estar vinculada a un «super» El Niño hoy actuante (sabiéndose que ya El Niño «normal» aumenta bastante en estas regiones el volumen de las lluvias). Y reiteró conceptos que había vertido dos años antes ante el plenario del Poder legislativo del Municipio de Pelotas (en el extremo sur brasileño) alertando para la posibilidad de una inundación como la actual. Dice Dutra: «…necesitamos hacer las cosas de forma muy diferente de aquí en adelante«, y especifica: «a partir de ahora, un Banco público jamás debería dar un crédito si la idea es emprender en un área de riesgo. O dar un crédito si la idea es comprar un inmueble en un área de riesgo«. Eso lo afirma tras un estudio de datos meteorológicos de los últimos 50 años que lo llevan a la siguiente conclusión: «(hay) un cambio significativo ya en las temperaturas. Las medias de verano están un poco más elevadas, y las medias de invierno también. O sea, no hace más tanto frío. Y además el régimen de lluvias está muy diferente. Hay un estrechamiento del plazo entre un período de lluvias y el siguiente, y (un aumento) del volumen de las lluvias. Entonces está lloviendo mucho en un pequeño espacio de tiempo y eso obviamente lleva a un volumen de lluvias que cualquier ciudad como las de hoy no está capacitada para recibir. El clima cambió y nosotros no estamos preparados«.

Con la catástrofe a la vista el propio Lula ha advertido que muchas poblaciones no deberían ser reconstruidas en el mismo emplazamiento que ahora ocupan u ocupaban, pues varios especialistas advierten que las lluvias intensas que ahora afectaron al Estado de RS aumentarán en Brasil en un 60 por ciento en los próximos 30 años.

Así, ante la tragedia consumada, salen a la luz realidades cotidianas antes no cuestionadas. Las poblaciones arrasadas o invadidas por las aguas en el Estado de RS fueron construidas en valles y planicies inundables situadas a lo largo de ríos, lagunas o lagos, y/o en laderas poco firmes.  Porto Alegre, por ejemplo, fue edificada al borde de un gran lago (el Guaiba) en el que convergen las aguas de varios caudalosos ríos, y una gran barrera y las estaciones de bombeo de las aguas no lograron contener la inundación.

Es un hecho que desde que la Humanidad adoptó el sedentarismo, muchísimas poblaciones han sido edificadas en la cercanía de los cursos de aguas, para tener cerca el agua potable y por la facilidad que esa ubicación trae para el transporte de personas y productos.       

Pero desde que llegué a Brasil a mitad de los años 1980 me llamó la atención que cada vez que hay lluvias fuertes en distintas partes del país, hay personas ahogadas o muertes resultantes de deslizamientos de tierras.

Entonces rápidamente percibí lo que los especialistas y otras personas sabían desde hace mucho tiempo, a saber, que esas muertes ocurrían porque las personas no vivían en las zonas más seguras, sino en las que podían pagar con sus magros recursos. O sea, que esas muertes tenían un gran sello de clase en el contexto del capitalismo reinante: salvo raras excepciones los muertos eran y son los pobres. Y también sucedían esas muertes porque el Estado brasileño (gobierno tras gobierno) no tiene una política urbanística socioambiental consistente para organizar las poblaciones (a pesar de los Planes Directivos existentes en cada Municipio) y para dar apoyos financieros y de otro tipo para poner en pie un gigantesco Plan de Viviendas Populares ubicadas en las zonas menos peligrosas desde el punto de vista climático y sísmico. (Los Planos existentes son absolutamente insuficientes, y por eso Brasil está lleno de «favelas», villas miseria).


«Esas muertes tenían un gran sello de clase en el contexto del capitalismo reinante»


Y en el caso de Porto Alegre y el resto del Estado eso no cambió tras la gran inundación de 1941 (casi equiparable a la actual).

Como se sabe, en el capitalismo ha sido privatizada la totalidad de las tierras urbanas (con excepción de las vías públicas y las plazas), del mismo modo en que lo ha sido la mayor parte de las tierras no urbanas (con excepción de algunas selvas, florestas y montañas).  En ese contexto, tanto la ocupación desordenada de los espacios, como la falta de protección de los menos favorecidos, están en el corazón de la falta de planificación que caracteriza al capitalismo (en especial en el llamado Tercer Mundo); pues la lógica de la ganancia, que es su dios, lleva a minimizar los gastos, aun los que debieran ser realizados en beneficio de la protección de vidas humanas y del medio ambiente (sabiendo que ambas esferas constituyen un todo socioambiental que es indisociable).

Ante la actual devastación  y contaminación a veces irreversible causadas por el capitalismo (en contra de la salud de los seres humanos y del Planeta), reiteramos la necesidad de la adopción de medidas paliativas urgentes que van, entre otras, desde la necesaria (re)forestación masiva de la Tierra (con árboles nativos) y la disminución de las emanaciones causantes del efecto invernadero (en especial la producida por el uso de los combustibles fósiles), hasta la prohibición de la fabricación de agrotóxicos y la prohibición de la alocada producción y descarte incontrolado de residuos.

Dicho todo lo anterior, a modo de alternativa  y para contribuir a la reflexión y acción una vez que la actual trágica inundación que afecta hoy a RS haya sido controlada y que bajen las aguas, presentamos muy sintéticamente en lo que sigue algunas facetas de la visión ecomunitarista en materia de ocupación humana de los espacios en la Tierra (la Pachamama), que pretende ser válida no solo para el Brasil sino también para todo el Planeta. Este brevísimo avance debe ser encuadrado en el contexto de la economía ecológica y sin patrones del Ecomunitarismo, cuyos rasgos principales pueden verse en la bibliografía citada al fin de este texto, aunque recordaremos un par de ellos al fin de estas líneas. [Y recuérdese que las otras grandes dimensiones del Ecomunitarismo (interrelacionadas con su economía) son una educación ambiental ecomunitarista socialmente generalizada (tanto en los espacios de  educación formal como en los de la no formal), una Política de tod@s (ejercida preferencialmente mediante instancias de democracia directa, como lo son las asambleas, los plebiscitos y los referendos), una comunicación horizontal y simétrica, y una estética der la liberación]. 

En primer lugar recordamos que las tres normas éticas fundamentales nos exigen, respectivamente, luchar para garantizar nuestra libertad individual de decisión,  realizar esa libertad en la búsqueda de acuerdos consensuales con l@s demás, y preservar-regenerar la salud de la naturaleza humana y no humana.

En base a ellas pensamos que con la participación de tod@s sus integrantes (pongamos a partir de los 12 años de edad, que es la edad en la que Piaget sostiene que los seres humanos alcanzan la madurez en el dominio del razonamiento lógico y también la fase superior de la moralidad) cada comunidad local (con el apoyo, en todos los sentidos) de las otras comunidades (desde las locales, hasta la constituida por la Humanidad entera) debe evaluar las variables humanas y ambientales fundamentales para escoger el lugar de su asentamiento.

Asesorada por diversos especialistas la comunidad evaluará los riesgos de cada emplazamiento posible para su instalación, sopesando los peligros  de  inundación y los riesgos de deslizamiento de tierras y de otros riesgos climatológicos o sísmicos.

Hecha esa evaluación la comunidad elegirá el local que considere más adecuado y menos riesgoso.

Y de inmediato habrá de estudiar el mejor emplazamiento de los locales y predios destinados a viviendas, actividades productivas, educativas, sanitarias, deportivas, culturales-artísticas, al abastecimiento de agua potable y energía eléctrica de fuentes limpias y renovables, red vial y transportes, y las demás instalaciones que contribuyan a su Buen Vivir.

Y solo después se construirán todas las respectivas instalaciones.

Luego el día a día de la vida  mostrará a la comunidad, que ya hace uso de esa  urbanización, las eventuales correcciones y mejoramientos parciales que se revelen necesarios.

Recordamos que, superando la división entre ciudad y campo existente en el capitalismo, ya hemos dicho que en perspectiva ecomunitarista  habrá que construir urbes ruralizadas y campos urbanizados. Ello significa edificar poblaciones que aniden en el paisaje como los pájaros anidan en los árboles, confundiéndose con los mismos, y dotar a los campos de instrumentos salidos de las urbes (como, entre otros, el agua potable, la energía eléctrica de fuentes renovables, la internet, los servicios viales, educativos, sanitarios y culturales) indispensables para alcanzar un Buen Vivir a esta altura de la historia humana. En las ciudades ruralizadas, complementando y aliviando lo exigido del campo, habrá abundante producción de diversos alimentos agroecológicos (o sea, que no usen ni agrotóxicos ni sean transgénicos), y muchos jardines y espacios verdes floridos y arborizados llenos de diversa vida vegetal y animal, para bien de la Pachamama y para el disfrute de los humanos.      

Esas poblaciones tendrán escala humana, deshinchando (por elección voluntaria y consensual de sus habitantes, como lo exigen las dos primeras normas éticas fundamentales) las actuales megalópolis insalubres y violentas. En esas ciudades a escala humana, las personas, que rotarán en sus actividades productivas para poder desarrollarse como individuos universales y cósmicos, ocuparán sucesivamente y de forma gratuita residencias situadas en cada caso en la proximidad del local donde desempeñan sus actividades productivas. (Así la vida se hace menos estresante y se ahorra tiempo y dinero en los transportes públicos movidos con energías limpias y renovables).

A quien pregunte de dónde saldrán los recursos para hacer posible esa manera de habitar, producir y de vivir, le recordamos algunos de los rasgos principales de la economía ecológica y sin patrones característica del Ecomunitarismo (orden comunitario-ambiental poscapitalista, que siendo utópico, no deja de ser el horizonte indispensable para dar un rumbo a la lucha cotidiana, evitando que la misma carezca de orientación o gire en círculos).

La economía ecomunitarista es ecológica y sin patrones, y se rige por el principio que reza «de cada un@ según sus capacidades y a cada un@ según sus necesidades, respetando los equilibrios ecológicos y la interculturalidad«.

Tal economía es sin patrones pues todos los medios de producción (empezando por la tierra) son administrados por las comunidades (desde la comunidad local hasta el conjunto de la Humanidad a escala planetaria, pasando por los niveles intermedios). Sobre esa base lo producido por las personas revierte enteramente en su beneficio a través del Fondo Comunitario (ya sea directamente, ya sea a través de las instancias comunitarias que también las favorecen, como las instalaciones educativas, de salud, culturales, etc.), para que se desarrollen como individuos universales y cósmicos.

Y es ecológica porque cuida permanentemente a la Pachamama, en la medida en que, entre otras cosas:

  • a) funciona en un modo de vida que asume como norma la frugalidad ecológica voluntaria,
  • b) usa solo energías limpias y renovables, y
  • c) practica cotidianamente las “5R”: Reflexionar sobre qué Planeta queremos para nosotros y nuestros descendientes, Renunciar al consumismo asumiendo una vida de frugalidad ecológica voluntaria y Reducir-Reutilizar-Reciclar los insumos y residuos.

Bibliografía  mínima   

José de la Fuente Arancibia y  Ricardo Salas  Astraín (orgs.), “Introducción al Ecomunitarismo y a la educación ambiental. Lectura chilena de la obra de Sirio López Velasco”, gratuitamente disponible en https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51640  

en https://zenodo.org/record/5745105#.YaZXEdDMI2w  

en https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/10827   

y en https://es.scribd.com/document/561776175/Introduccion-Al-Ecomunitarismo-y-Educacion-Ambiental  

Sirio López Velasco, Filosofia ecomunitarista aplicada – Textos breves 2022-2023 (Org. Claudinei A. de Freitas da Silva), Ed. Fi, Cachoeirinha, Brasil, 2023; disponible gratuitamente en https://www.editorafi.org/ebook/a042-filosofia-ecomunitarista-aplicada

en https://rebelion.org/download/filosofia-ecomunitarista-aplicadasirio-lopez-velasco/?wpdmdl=774425&refresh=650ca5e69e7f31695327718

y en https://es.scribd.com/document/703029027/Sirio-Lopez-Velasco-Filosofia-Ecomunitarista-Aplicada-Textos-Breves-2022-2023



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Pan con transgénicos y agrotóxicos


Fuentes: Tierra viva [Ilustración: Sebastián Damen]

Rechazado por las grandes alimenticias, el trigo HB4 se consume en panaderías y minoristas

Arcor y Molinos informaron que no compran trigo HB4 para elaborar sus productos. Tampoco se exporta. En la Federación de Acopiadores advierten que el transgénico termina en panaderías, fábricas de pastas y pizzerías. Los productos que lo contienen no están identificados y las familias argentinas no pueden elegir si quieren evitar el cereal modificado genéticamente.

En el inicio de una nueva campaña de trigo en la Argentina, dos de las principales empresas alimenticias del país, Arcor y Molinos Río de la Plata, informaron que no compran ni utilizan el trigo transgénico HB4 para fabricar sus productos. Tampoco se exporta: si bien algunos países lo aprobaron para su consumo, los compradores privados no lo aceptan. Según explicaron en la Federación de Acopiadores de Cereales, el transgénico termina en la harina que producen los molinos que abastecen a panaderías, fábricas de pastas o pizzerías.

Este invierno será el tercero en la historia de la alimentación mundial en que se siembre y se comercialice sin restricciones un trigo transgénico. Y ocurrirá en la Argentina, el primer país del mundo en aprobarlo. Se trata del trigo HB4 de las empresas Bioceres y Florimond Desprez, que se promociona como tolerante a la sequía y es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. Se considera un hito porque, hasta ahora, las multinacionales de semillas transgénicas y agrotóxicos habían logrado imponer su tecnología en cultivos como soja o maíz pero no habían conseguido hacerlo con el trigo. Uno de los obstáculos fue siempre el rechazo de la población a comer transgénicos asociados a agrotóxicos, además de ser el trigo uno de los cereales más consumidos de manera directa en todo el mundo.

Desde que el trigo transgénico está en el mercado argentino, un solo molino —La Esmeralda, en Santa Fe— publicitó que lo utiliza. Lo hizo el año pasado en un evento organizado por Bioceres, en el que se anunció que 25 molinos ya procesaban el HB4 en el país. Entre los clientes de La Esmeralda se encuentran las principales cadenas de panaderías de Córdoba, según informa la empresa en su sitio web.

Sobre el resto de los molinos, panaderías y minoristas, no hay precisiones. Esto se debe a que en la Argentina no es obligatorio identificar los productos elaborados con transgénicos, como sí lo es en Brasil, por ejemplo.

En el Congreso de la Nación, entre 1999 y 2024, se presentaron más de 70 proyectos de ley para que el etiquetado sea obligatorio (en algunos casos se trata del mismo proyecto presentado varias veces, luego de perder estado parlamentario). Sin embargo, hasta el momento, ninguno prosperó.

El trigo HB4 fue desarrollado por Trigall Genetics, una empresa conjunta (joint-venture) integrada por Bioceres Crop Solutions y la multinacional francesa Florimond Desprez. Bioceres es de origen nacional, con sede en Rosario. Entre sus iniciadores y principales accionistas se encuentran los empresarios Gustavo Grobocopatel y Hugo Sigman.

Pan de consumo popular elaborado con trigo transgénico. Rechazado por las grandes alimenticias, el trigo transgénico hb4 se consume en panaderías y minoristas
Foto: Matías Baglietto

Aprobación irregular

El trigo transgénico fue autorizado en 2020 por el gobierno de Alberto Fernández sin hacer estudios de impacto ambiental ni consultas públicas, tal como lo exigen la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente. Sólo se tuvieron en cuenta los informes confidenciales que presentó la empresa interesada.

Estas irregularidades llevaron a que el fiscal federal Fabián Canda pidiera suspender su venta y cultivo. Lo hizo en dos oportunidades, primero en 2021 —a un año de la autorización de la siembra—, y luego en 2022, cuando se liberó la comercialización. Sin embargo, hasta el momento ningún juez ordenó la suspensión a nivel nacional. Donde sí hubo una orden judicial de frenar las autorizaciones fue en la provincia de Buenos Aires, en julio de 2022. Pero esa orden fue revertida por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, en marzo de 2023, y ahora se espera la decisión final de la Suprema Corte de Buenos Aires.

En paralelo, científicos y organizaciones de la sociedad civil, tanto en Argentina como en otros países del mundo, llevan adelante campañas para exigir que se suspenda su aprobación por los riesgos que implica para la salud, el ambiente y los derechos económicos y sociales de campesinos y pequeños productores.

Se estima que, hasta 2023, el área sembrada con HB4 en la Argentina no llegaba al dos por ciento del total de hectáreas de trigo. El cálculo se hace sobre los datos que comunica la propia Bioceres, que son los únicos disponibles. El Estado nacional dejó de controlar en 2022, cuando el Gobierno autorizó su comercialización.

De acuerdo a la información de la empresa, en 2022 se sembraron unas 50.000 hectáreas, lo que significó un 0,8 por ciento de las 6,1 millones de hectáreas de trigo cultivadas ese año. Para 2023, Bioceres anunció que duplicaría esa superficie al ampliar los canales de venta para llegar a más productores. De haber ocurrido eso, entonces el área con HB4 fue de cerca del 1,7 por ciento del total sembrado. Hasta el cierre de este artículo, la empresa no había comunicado cuánto se estimaba sembrar en 2024. Las superficies y volúmenes totales, sin discriminar el tipo de trigo, las publica todos los años la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Pan de consumo popular elaborado con trigo transgénico. Rechazado por las grandes alimenticias, el trigo transgénico hb4 se consume en panaderías y minoristas
Natalia Roca – Minga: fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir.

Rechazo internacional y local

En el mercado exterior, si bien países como Brasil, Paraguay, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda autorizaron el consumo de trigo HB4, las empresas exportadoras que operan en la Argentina advierten que en ninguno de esos países los importadores lo compran. “Ningún comprador de trigo argentino ha modificado la condición de libre de OGM (Organismo Genéticamente Modificado)”, indicó la Cámara de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) en un comunicado enviado a los acopiadores en octubre pasado, previo a la cosecha.

“Razón por la cual, se reitera que toda mercadería que no cumpla esta condición será motivo de rechazo, así como de reparación económica por posible daños comerciales o logísticos”, advierte el documento, firmado por el presidente de la entidad, Gustavo Idígoras. La Cámara agrupa a las principales exportadoras locales y multinacionales, como AGD, Bunge, Cargill, Cofco, Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Agricultores Federados Argentinos.

Esta situación genera preocupación en gran parte de la cadena triguera: si el transgénico se cuela en algún barco para exportación, toda la carga puede ser rechazada. En ese sentido, el presidente de la Federación de Acopiadores de Cereales, Fernando Rivara, señaló que volvieron a reclamar sobre esta situación a los funcionarios nacionales en la reciente edición de “A todo trigo”, el evento anual que organiza la entidad (realizado el 9 y 10 de mayo en el Hotel Sheraton de Mar del Plata). “Continuamos con el riesgo de que aparezca la contaminación en algún barco y tengamos un castigo económico —sostuvo Rivara a Tierra Viva— Lo que queremos saber es quién se va a hacer cargo si eso ocurre, quién lo va a pagar.”

Tanto la Federación de Acopiadores como la Cámara de Exportadores de Cereales hicieron presentaciones ante el Poder Judicial para que se suspenda la aprobación del HB4.

Trigo HB4 no dio los resultados esperados frente a la sequía.
Foto: Bioceres

Grandes empresas no quieren el trigo transgénico

Las grandes industrias alimenticias de Argentina tampoco aceptan el transgénico. Molinos Río de la Plata, que concentra la mayor parte del mercado de pastas secas, informó que no compra trigo transgénico. “En Molinos no utilizamos ese tipo de trigo”, respondió Florencia Contento, jefa de Medios de la empresa, ante la consulta de Tierra Viva. Sus marcas de fideos más conocidas son Lucchetti, Matarrazzo, Don Vicente, Favorita, Don Felipe y Canale. También fabrican las harinas Blancaflor y Favorita, además de tapas de empanadas y tartas, pastas frescas y panes rebozadores.

Otra de las marcas de harinas y panes rebozadores que más se venden en los supermercados es Morixe. La empresa, que fue noticia durante la pandemia por el aumento de sus ganancias, también informó que no utiliza trigo HB4. “Morixe no compra esa clase de trigo”, respondió Gabriel Trangoni, del sector de Originación de la empresa.

En el mercado de las galletitas, las principales empresas son Arcor (dueña de Bagley junto con Danone) y Mondelez . En Arcor informaron que tampoco utilizan el transgénico. “El trigo se compra a través de contratos de originación con productores y no se utiliza HB4”, respondieron en el área de Comunicación de la empresa. “Los molinos con los que trabaja Arcor no muelen HB4 para nadie por el riesgo de contaminación”, explicaron.

En Mondelez, fabricante de las marcas Terrabusi, Oreo, Express y Cerealitas, no respondieron a las consultas. Sin embargo, en la Federación de Acopiadores afirmaron que ninguna de las grandes multinacionales acepta el transgénico. “Los proveedores de las multinacionales se cuidan de no tener HB4 porque no lo aceptan”, señaló Rivara.

Población a ciegas, sin información

El trigo transgénico se procesa en molinos que no están identificados —excepto por La Esmeralda— y termina en panaderías, fábricas de pastas, de pizzas y empanadas que tampoco están identificadas.

En la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) no respondieron a la consulta sobre si conocen cuántos y cuáles son los molinos que lo procesan. Y en los centros de panaderos no estaban informados si los molinos que los abastecen utilizan o no el transgénico.

En el Congreso Nacional, el último proyecto de ley ingresado para etiquetar los productos transgénicos es el de la senadora neuquina Silvia Sapag, actual vicepresidenta del Senado, quien insiste con la iniciativa desde hace años.

El proyecto, presentado en marzo de 2024, consta de tres artículos. En el primero se reconoce el derecho de los consumidores “a ser informados fehacientemente si los alimentos que se comercializan contienen Organismos Genéticamente Modificados (OGM)”. En el segundo, se dispone que todo producto alimenticio que se comercialice en el país y que contuviera OGM “deberá llevar impreso en su envase o envoltorio, de modo claramente visible, la leyenda ‘Alimento Transgénico’ y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación”. Y, en el tercero, se establece que el Ejecutivo debe adecuar las disposiciones del Código Alimentario Argentino en un plazo de 90 días.

En Diputados, en 2020, los legisladores Darío Martínez, Martín Soria y Guillermo Carnaghi, del Frente de Todos, presentaron el proyecto “Etiquetado de Alimentos Transgénicos”. En 2019, Pedro Miranda, del PJ mendocino, volvió a presentar un proyecto ingresado dos años atrás, mientras que la diputada Ivana Bianchi, de Unidad Justicialista de San Luis, insistió con su iniciativa por tercera vez. Por su parte, Juan Cabandié, del Frente para la Victoria, presentó en 2018 un proyecto que su bloque ya había ingresado en 2016. Al revisar los archivos del Congreso Nacional, se encuentran iniciativas de casi todo el arco político, incluida la UCR, el Partido Socialista, el Frente Grande, GEN, ARI, Proyecto Sur y la Izquierda Unida. Ninguno fue tratado en el recinto.

*Este artículo es parte de un proyecto con el apoyo de Misereor.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/pan-con-transgenicos-y-agrotoxicos-rechazado-por-las-grandes-alimenticias-el-trigo-hb4-se-consume-en-panaderias-y-minoristas/

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lunes, 20 de mayo de 2024

La senda del jardín industrial de la Unión Europea


Fuentes: Viento sur

Cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó por primera vez el Pacto Verde Europeo en diciembre de 2020, algunos comentaristas, enfrentados a la difícil tarea de caracterizar un conjunto muy amplio de propuestas, argumentaron que, fuera lo que fuera, el pacto no merecía ser descrito como política industrial verde.

Este argumento se basaba principalmente en el hecho de que los objetivos climáticos contenidos en el Pacto Verde Europeo estaban desvinculados de cualquier medida transformadora, tanto a nivel sectorial como macroeconómico.

En aquel momento, la Comisión Europea no parecía dispuesta a abordar realmente la cuestión (Aluche, 2021), consciente del giro político necesario para poner en marcha una política industrial común adecuada, dada la aversión histórica (Arena y Dutraive, 2061) de la UE por ese concepto. Sin embargo, tres años después, tras una serie de acontecimientos mundiales desestabilizadores, las respuestas de los Estados, las instituciones financieras internacionales y los mercados mundiales han cambiado drásticamente el panorama político en Europa y en todo el mundo.

La pandemia de la covid y las subsiguientes estrategias de recuperación adoptadas en el Norte Global, el dramático aumento del nivel de deuda soberana de los países en desarrollo como consecuencia del business as usual en la gobernanza global (Munevar, 2021), la guerra en Ucrania que reforzó la crisis energética y las interrupciones en las cadenas de valor globales han ampliado y profundizado lo que muchos denominan ahora una policrisis. Europa se enfrenta a una inflación galopante y a la consiguiente crisis del coste de la vida, alimentada en gran medida por las subidas voluntarias de precios por parte de las grandes empresas que dominan el mercado (Weber y Wasner, 2023). Aunque esta crisis social generalizada puso de manifiesto la necesidad de que Europa acelere la transformación de su economía corporativa (impulsada por los combustibles fósiles), confirmó las críticas preexistentes (Bourgin y Sol,2021) sobre la naturaleza inadecuada e injusta del Pacto Verde Europeo.

Más recientemente, el anuncio de la ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA) se interpretó ampliamente como la confirmación de un posible cambio de paradigma político ya observado durante la pandemia (Chassany, 2023). Este plan, altamente proteccionista, está diseñado para establecer a Estados Unidos como país líder en la carrera de la tecnología digital y verde. Constituye una señal concreta de que la era neoliberal tal y como la conocemos, caracterizada por el dominio del llamado Consenso de Washington, podría estar en vías de desaparición.

Las opciones políticas actuales de la UE, por el contrario, demuestran la incoherencia y las contradicciones de un proyecto de transición verde que pretende ser la vanguardia de un nuevo modelo socioecológico, al tiempo que se niega a transformar la naturaleza de su relación con el capital y los intereses privados. En consecuencia, el proyecto corre el riesgo de fracasar a costa del clima y la justicia social en Europa y en todo el mundo.

Europa pierde la oportunidad de forjar un modelo alternativo

La Comisión Europea intenta presentar el Pacto Verde Europeo como el conjunto de políticas que llevarán a la Unión Europea al siglo XXI. De hecho, observar la arquitectura del Pacto Verde Europeo puede decirnos mucho sobre cómo ha configurado hasta ahora su transición el conjunto de la UE: financiarizada, impulsada por el mercado y con una falta de preocupación por las consecuencias sociales.
La Ley Europea del Clima codifica los objetivos globales de reducción de gases de efecto invernadero de la UE; en concreto, reducir las emisiones al menos en un 55% para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Pero más allá de los objetivos de reducción, es fundamental analizar la infraestructura socioeconómica que respalda esos compromisos políticos.

Un examen más detenido de la legislación central que constituye la espina dorsal del Pacto Verde Europeo, el llamado paquete Fit for 55, es instructivo a este respecto. Sus principales componentes son:

-. Ampliación y profundización de los mercados de carbono de la UE con la creación del segundo régimen de comercio de derechos de emisión (ETS 2) que incorpora los sectores del transporte y la construcción a su ámbito de aplicación

– Aumento de los objetivos de energías renovables

– Creación de un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM)

Junto con el paquete Fit for 55, los Estados miembros también adoptaron la Taxonomía Financiera Sostenible de la UE, que ofrece incentivos para desviar las inversiones financieras hacia distintas actividades económicas. La inclusión del gas y la energía nuclear en la Lista de Inversiones Verdes (una medida respaldada firmemente por Alemania en el caso del gas y por Francia en el de la energía nuclear) va en contra de cualquier lógica de protección del clima y revela la priorización de los intereses económicos a corto plazo de la industria energética por encima de los objetivos de descarbonización. La naturaleza de la propia taxonomía –una señal de precios destinada a reorientar las inversiones hacia actividades bajas en carbono en lugar de medidas reguladoras fijas– es un ejemplo perfecto del impulso concertado para financiarizar la transición energética.

El comercio de derechos de emisión ETS 2 también ha recibido duras críticas de partidos de izquierda y sindicatos (EPSU, 2022) de toda Europa por sus aspectos regresivos. Al establecer un precio mínimo para las emisiones de carbono en el sector de la construcción y el transporte, el resultado esperado será aumentar el coste de la vivienda y el transporte individual para los hogares corrientes. La gente más vulnerable será potencialmente la más afectada por este impuesto sobre el carbono.

Por último, el CBAM es el último instrumento de mercado diseñado por la Comisión Europea. Este nuevo mecanismo de mercado, que se adhiere al principio general de los mercados de carbono poniendo precio a las emisiones de carbono, se dirige a la producción industrial extranjera. El desarrollo del CBAM es el corolario del mercado interior europeo (ETS 1 y 2) y pretende ser una respuesta a la prevista reducción sucesiva de los permisos de emisión gratuitos que actualmente protegen a las industrias más contaminantes (antes el 94% de las emisiones de la UE) de los instrumentos de fijación de precios en dichos mercados.

En este sentido, la reducción de estas exenciones podría perjudicar potencialmente a las industrias y productos manufacturados de la UE, haciéndolos poco competitivos frente a los productos extranjeros, e incentivar así aún más la deslocalización de dicha producción, una dinámica conocida como fuga de carbono. Pero como consecuencia directa de los esfuerzos por evitar dichas fugas, la CBAM puede discriminar a los países en desarrollo y a los menos desarrollados, violando así los principios rectores de equidad y responsabilidad común pero diferenciada establecidos en el Acuerdo de París.

El Fondo Social para el Clima, uno de los escasos ejemplos de medida social específica surgida del Pacto Verde Europeo, es poco más que una tirita en una herida abierta. Este nuevo mecanismo de financiación se propuso para compensar los efectos del comercio de derechos de emisión ETS 2 en la ciudadanía europea, pero su dotación se redujo a 86.700 millones de euros que se distribuirán entre 2026 y 2032. Finalmente, una vez más, la asignación de sólo el 40% del total de los fondos para ayudas directas a los hogares es otra señal de que la opción política de depender en gran medida de los mercados de carbono está alejando al continente de una transición justa.

Mientras que los intereses de las industrias contaminantes y las empresas de combustibles fósiles de la UE suelen estar protegidos de impuestos y regulaciones estrictas para evitar que asuman cualquier responsabilidad histórica por el cambio climático, las pocas medidas sociales aplicadas son manifiestamente insuficientes para garantizar que una gran parte de la población europea, y especialmente la más desfavorecida, no pague el precio de la descarbonización de la economía europea.

Este dispar tratamiento al capital privado y el público europeo también ayuda a explicar el alarmante éxito (Thurau, 2023) con el que los partidos de derechas, de extrema derecha y, a veces, incluso liberales se han movilizado contra las medidas que Bruselas celebra como avances significativos en materia climática. La eliminación progresiva del motor de combustión para 2035 en Europa y los debates en curso sobre la prohibición de las calderas de gas en los hogares para 2029 son ejemplos concretos de cómo las fuerzas de derechas –alegando una mezcla de miedo, ansiedad económica, frustración y un concepto distorsionado de la libertad– han conseguido ganar terreno entre ciertos segmentos de la población contra la propia idea de la transición.

Las falsas promesas del Plan Industrial Verde

El recientemente anunciado Plan Industrial del Pacto Verde fue presentado por la UE como una estrategia industrial global destinada a llenar el evidente vacío dejado por el Pacto Verde Europeo en el ámbito de la planificación industrial. Pero, una vez más, aquí la Comisión Europea utiliza etiquetas aparentemente progresistas y ambiciosas para ocultar su incapacidad para ir más allá del statu quo político y económico.

De hecho, la Ley de Industria Cero Neto (la principal propuesta legislativa) se centra en gran medida en facilitar la asignación de capital privado a un puñado de sectores como el del hidrógeno, el del almacenamiento de energía y el de las baterías, considerados sectores clave para que la UE los desarrolle y se impongan como ventajas comparativas de la región en la economía verde mundial. La flagrante ausencia de un nuevo esquema de inversión pública, junto con la multiplicación de herramientas destinadas a garantizar el rendimiento financiero de las inversiones y la desregulación de la concesión de permisos, está profundizando un modelo macroeconómico europeo que la economista Daniela Gabor (2023) ha bautizado recientemente como el «Estado (europeo) de reducción riesgos (derisking)», que, según ella, «surge gradualmente de las decisiones políticas tomadas por los gestores del Estado tanto para facilitar la acumulación de capital como para racionalizar el capitalismo financiero».

Describe el Plan Industrial del Pacto Verde como una nueva forma de relación entre el Estado y el capital financiero inscrita en la arquitectura macrofinanciera de la UE, que se caracteriza por una falta estructural de capacidad fiscal compartida. Gabor demuestra que, de hecho, la importante ayuda pública a los Estados miembros incluida en la Ley de Industria Cero Neto –en sí misma algo así como una primicia histórica–, en realidad, está dirigida a proporcionar mejores incentivos en forma de garantías públicas para que el capital privado invierta en tecnologías limpias.

Son numerosos los ejemplos recientes del fracaso de tales reducciones (Eurodad, 2022) de la capacidad estatal y pública en favor de los agentes financieros mundiales para alcanzar los resultados previstos. La imposibilidad de aportar la cantidad de financiación privada necesaria, la volatilidad de los flujos de capital guiada por la necesidad de rentabilidad a corto plazo y la extrema ineficacia del uso de los fondos públicos son algunas de las principales razones de esos fracasos.

Perder la carrera del crecimiento verde

Por supuesto, los planes de la UE no se desarrollan en un vacío global, ya que otras potencias mundiales han estado desarrollando sus propios planes para competir en la carrera hacia una transformación digital y verde. De hecho, el Plan Industrial del Pacto Verde se ha descrito (Caleys, 2023) como una respuesta directa y precipitada a la Ley estadounidense de Reducción de la Inflación (IRA) de la Administración Biden, que a su vez parecía ser una reacción a la estrategia Made in China 2025 de Pekín, iniciada en 2015.

Con 370.000 millones de dólares de inversión pública en los próximos diez años (según algunas estimaciones, la cifra real rondará los 900.000 millones), se prevé reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un 40% de aquí a 2030. El plan, al consagrar al Estado como motor clave de la transición hacia una economía verde, se aleja de la ortodoxia neoliberal. El plan concede exenciones fiscales e importantes préstamos y subvenciones a una amplia gama de sectores, como el de las energías limpias, el transporte y las infraestructuras. La inclusión de normas laborales y salariales como condiciones previas para la concesión de fondos públicos y exenciones fiscales contrasta fuertemente con la ausencia de normativas concretas para una transición justa dentro del Plan Industrial del Pacto Verde.

La ley estadounidense de Reducción de la Inflación también reproduce el objetivo chino de relocalizar en su territorio grandes partes del proceso de fabricación mediante incentivos fiscales. Sin duda, los esfuerzos concertados de China impulsarán la posición de liderazgo del país en la fabricación mundial de energías limpias. La industria estadounidense le sigue de cerca, lo que reduce las perspectivas de que la UE establezca cadenas de valor nacionales, con la consiguiente creación de empleo.

La austeridad no transforma

Como si los esfuerzos de la industria ecológica europea no fueran ya incoherentes y estuvieran desgarrados por intereses contrapuestos, los Estados miembros y la ciudadanía europea se enfrentan ya a presiones para volver a la era de la restricción del gasto público y las normas fiscales restrictivas, es decir, a la era de la austeridad.

Aunque algunos de los principios básicos del Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento se suspendieron durante la crisis de la covid y posteriormente se ampliaron en respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, este estado de excepción pronto llegará a su fin. La Comisión ha presentado ahora una propuesta de nuevo marco de gobernanza económica que no va más allá del principio de control de la deuda ni proporciona el marco monetario necesario para una reorientación del gasto público.

Como señala Gabor en su documento, el mantenimiento de esos principios macroeconómicos y la imposibilidad de fomentar la solidaridad fiscal y presupuestaria, junto con la relajación de las ayudas estatales, crea el riesgo de profundizar las disparidades en el seno de los Estados miembros y entre ellos. Actualmente, la brecha entre los Estados miembros capaces, al menos hasta cierto punto, de obtener fondos a través de los mercados financieros mundiales (Alemania y Francia) y los que se enfrentan a la falta de opciones de financiación sostenibles (especialmente Europa del Este) es cada vez mayor.

La situación se ve agravada por los planes del gobierno alemán –en línea con la ortodoxia gubernamental de Berlín– de impulsar un nuevo endurecimiento de las normas fiscales y de deuda a nivel europeo. Estos llamamientos a favor de una vuelta a un régimen de austeridad a escala de la UE parecen especialmente hipócritas, dado que se hacen tras el despliegue unilateral por parte del Estado alemán de un plan nacional masivo destinado a apoyar a la industria nacional y a rescatar las empresas energéticas privadas que corrían el riesgo de caer en bancarrota hace menos de dos años.

Trazar una alternativa de izquierdas

Contrariamente a la ambiciosa retórica de Ursula von der Leyen, la Unión Europea ha decidido hasta ahora llevar a cabo su transición verde dentro de un marco neoliberal. Bajo la bandera del Pacto Verde Europeo y la Plan Industrial del Pacto Verde, la transición europea hacia una economía verde se alinea con los intereses de las grandes industrias contaminantes y las empresas de combustibles fósiles junto con una aceleración e intensificación de la financiarización de la economía a expensas de la justicia ecológica y social global.

Reforzando la dirección tomada por el Pacto Verde Europeo, la Ley de Industria Cero Neto muestra un fuerte enfoque en asegurar el acceso estratégico a los minerales necesarios para las tecnologías verdes. Esta visión global, articulada en la Ley de Materias Primas Críticas de la Comisión (Com. Eu.,2023), se basa en asegurar asociaciones estratégicas con países ricos en recursos y en garantizar que el 40% de los minerales se refinen dentro de los territorios de la UE. Este enfoque garantizará la continuidad y la expansión de una economía extractiva depredadora sostenida por acuerdos de libre comercio injustos, así como una mayor destrucción de la naturaleza y las comunidades en el Sur Global, al tiempo que mantiene las condiciones económicas, políticas y materiales de un desarrollo desigual.

Sin embargo, a corto plazo, los actores progresistas y las fuerzas de izquierda deberían aprovechar las aparentes rupturas con la ortodoxia neoliberal (principalmente el reconocimiento de la necesidad de intervención estatal revelado por la mayor relajación de las normas sobre ayudas estatales) y utilizarlas como punto de partida para construir un enfoque económico radicalmente diferente. Una política industrial de izquierdas no puede considerar las cuotas de mercado o el aumento del PIB como indicadores de éxito.

Esto significa apoyar el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras, al tiempo que se reducen las cadenas de producción contaminantes e innecesarias (como el plástico y otros productos petroquímicos) o se elimina el mercado energético de la UE hecho a medida de las corporaciones de combustibles fósiles y los especuladores financieros(Ernst y Rodrigues, 2023). Un enfoque específico en el desarrollo del acceso universal a sistemas sanitarios modernos y el desarrollo de soluciones masivas de vivienda sostenible y asequible deberían ser objetivos primordiales a la hora de desarrollar el marco industrial verde de Europa. La reestructuración y descarbonización del sistema alimentario europeo, responsable del 31% de las emisiones totales del continente, no sólo debe considerarse una prioridad climática y medioambiental, sino también una oportunidad única para crear nuevas cadenas de valor y empleos bien remunerados.

Además, un enfoque industrial renovado de la UE debería tener como objetivo simultáneo aliviar los desequilibrios regionales dentro de la UE, iniciar al mismo tiempo un cambio hacia la gestión pública de los sectores intensivos en recursos (industrias química y cementera, transporte y generación de energía) y facilitar una contracción ecológicamente necesaria de algunos de esos sectores al reducir su dependencia ante los beneficios y las lógicas financieras.

En general, en lugar de limitarse a incentivar al capital privado para que invierta en algunos sectores limitados de la economía, una política industrial socialista debería dar prioridad al fortalecimiento de la capacidad pública como herramienta poderosa para llevar a cabo una descarbonización oportuna de la economía, garantizando al mismo tiempo la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

En la situación actual, la apropiación institucional del concepto y la aplicación práctica de la llamada transición verde en Europa por parte de las élites políticas que apoyan el consenso neoliberal refuerza dos amenazas globales que se refuerzan mutuamente. La primera es el agravamiento de la crisis climática y medioambiental y la continua explotación de los recursos naturales, al tiempo que se refuerzan las desigualdades globales entre las sociedades del Norte y del Sur y dentro de ellas. La segunda amenaza se refiere al futuro de las democracias en Europa. El ascenso de los partidos de extrema derecha aprovechando los efectos de la crisis climática y la transición verde con fines de lucro es ya un fenómeno profundamente alarmante. Si esta tendencia continúa, el apoyo popular a las visiones ecofascistas del mundo y de extrema derecha podría resultar difícil de revertir.

Con este telón de fondo, la izquierda en Europa debe seguir oponiéndose a los principios y lógicas que impulsan las actuales políticas industriales de la UE, al tiempo que desarrolla enfoques concretos e impulsa políticas para una transformación industrial coordinada públicamente en la que la asignación de recursos y bienes forme parte de un proceso democrático que permita a las personas y sociedades de todo el planeta acceder a un futuro digno y justo. Esta visión es, en última instancia, la única manera de garantizar que nuestras sociedades no se vean obligadas a elegir entre la protección del clima o el bienestar social en las próximas décadas.

Nessim Achouche trabaja comogestor de proyectos en la oficina de Bruselas de la Fundación Rosa Luxemburgo, centrándose en la transformación socioecológica, la democracia energética, la justicia climática y sus intersecciones con la política de izquierdas.

Referencias

Achouche, Nessim (2021) “A Man on the Moon or a Race for the Stars?” Rosa Luxemburg Stiftung. Disponible en: https://www.rosalux.de/en/news/id/44718/a-man-on-the-moon-or-a-race-for-the-stars

Arena, Richard y Dutraive, Véronique (2016). “Industrial Economics and Policy: Recent History and Theoretical Foundations”. Revue d’économie industrielle, 154, pp. 33-61. Disponible en: https://doi.org/10.4000/rei.6325

Bourgin, Clara y Sol, Xabier (2021). “The European Green Deal: Reclaiming Public Investment for a real Socio-ecological Transformation”. Counter Balance. Disponible en: https://counter-balance.org/uploads/files/Reports/Flagship-Reports-Files/2021-EGD-Report-Counter-Balance-Online.pdf

Chassany, Anne-Sylvaine (2023) “Joe Biden teaches the EU a lesson or two on big state dirigisme”. Financial Times. Disponible en: https://www.ft.com/content/ef04638d-e4b6-4bcc-86c9-fac2cc04d198

Claeys, Grégory (2023) “The Net-Zero Industry Act puts EU credibility at risk. Bruegel”. Disponible en: https://www.bruegel.org/first-glance/net-zero-industry-act-puts-eu-credibility-risk

Comisión Europea (2023) “Materias primas fundamentales: garantizar unas cadenas de suministro seguras y sostenibles para el futuro ecológico y digital de la UE”. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1661

European Public Services Union, EPSU (2022) “Position on the extension of the EU ETS to buildings and the creation of a new Social Climate Fund”. Disponible en: https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20position%20on%20the%20creation%20of%20an%20EU%20ETS%202%20to%20buildings%20and%20the%20creation%20of%20a%20new%20Social%20Climate%20Fund.pdf

European Network on Debt and Development, Eurodad (2022) “History RePPPeated II – Why Public-Private Partnerships are not the solution”. Disponible en: https://www.eurodad.org/historyrepppeated2?utm_campaign=newsletter_1_12_2022&utm_medium=email&utm_source=eurodad

Gabor, Daniela (2023) “The (European) Derisking State”. UWE Bristol. Disponible en: https://doi.org/10.31235/osf.io/hpbj2

Munevar, Daniel (2021) “Sleep now in the fire. Sovereign Bonds and the Covid-19 Debt Crisis”. Eurodad: European Network on Debt and Development. Disponible en: https://www.eurodad.org/sovereign_bonds_covid19

Thurau, Jens (2023) “How Germany plans to phase out oil and gas heating. Deutsche Welle”. Disponible en: https://www.dw.com/en/how-germany-plans-to-phase-out-oil-and-gas-heating/a-64952051

Weber, Isabella M. y Wasner, Evan (2023) “Sellers’ Inflation, Profits and Conflict: Why can Large Firms Hike Prices in an Emergency?”. Economics Department Working Paper Series. 343. Disponible en: https://doi.org/10.7275/cbv0-gv07

Ernst, Cornelia y Rodrigues, Anabela (2023). “Big Energy hits jackpot on electricity market reform. The Left in the European Parliament”. Disponible en: https://left.eu/big-energy-hits-jackpot-on-electricity-market-reform/

Texto original: https://www.rosalux.de/en/news/id/50958/the-eus-industrial-garden-path

Traducción: Martín Lallana

Fuente: https://vientosur.info/la-senda-del-jardin-industrial-de-la-union-europea/



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sábado, 18 de mayo de 2024

Hay una Tierra y si mejora el consumo en el Sur baja en el G7


El nivel de vida de los países desarrollados necesita mantener necesidades insatisfechas en los demás.

Si todos en el mundo se comportaran como los alemanes, la humanidad necesitaría tres planetas Tierra para proporcionar suficientes recursos y satisfacer su consumo de manera sostenible. DW

Alrededor de 700 millones de personas viven con menos de USD 2,15 al día (la línea de pobreza extrema). Banco Mundial

El 1% poder fáctico y detrás sus ciudadanos no aceptan una caída de su riqueza, poder o nivel de vida. Para no perder su unilateralismo hacen una guerra híbrida.

Uno de sus blancos es China, por el momento sin guerra militar.

La Unión Europea insta a China a abordar sus “sobrecapacidades estructurales”.

Presidenta de la Comisión Europea: China continúa desarrollando su sector manufacturero, en un contexto en el que la demanda interna del país no está aumentando. «El mundo no puede absorber el excedente de producción de China». Los productos subvencionados chinos, como vehículos eléctricos y acero, «están inundando» el mercado europeo. El comercio debe ser justo y el acceso al mercado debe ser recíproco. «Europa no puede aceptar prácticas distorsionadoras del mercado, que podrían conducir a una desindustrialización aquí en casa». «Defenderemos nuestras empresas, defenderemos nuestras economías, nunca dudaremos en hacerlo», nos coordinaremos estrechamente con los países del G7.

Sobre la economía china la jefa de comercio de EEUU, Katherine Tai afirmó: El “increíble” crecimiento de China, un modelo económico alternativo “muy efectivo”. RT

Portal ‘Oilprice’: Los vehículos eléctricos (EV) de fabricación china mejoran tecnológicamente, son de bajo precio, más espaciosos, más seguros, se cargan más rápido, de alta calidad. Las marcas extranjeras de EV tienen «pocas posibilidades» de competir con éxito con las chinas, lo que hace temblar a los fabricantes occidentales. Sputnik

Ventas de vehículos comerciales de China suben 8,1% en primeros cuatro meses. Xinhua

The Economist, artículo «El orden internacional liberal se desmorona lentamente».

La economía mundial en realidad es frágil, el orden establecido fue socavado y está «a punto de colapsar». «Una vez roto, es poco probable que sea sustituido por nuevas reglas. En su lugar, los asuntos mundiales descenderán a su estado natural de anarquía que favorece el bandidaje y la violencia». RT

La competencia según eficiencia, los mercados abiertos, la no intervención del estado, la libre competencia entre empresarios… nunca fueron reales. Las élites y sociedades ricas defienden sus privilegios sin reglas teóricas ni jurídicas.



¡Ni unipolaridad o multipolaridad apuntan al problema vital: la insostenibilidad productivista en un planeta de recursos finitos!

Referencias

.https://actualidad.rt.com/actualidad/508369-ue-insta-china-sobrecapacidades-estructurales

.https://www.df.cl/opinion/columnistas/df-conexion-a-china-el-fantasma-de-la-sobrecapacidad-china

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